La Justicia ha archivado la querella contra el Consejo de Administración del Cádiz CF por el uso de 7 millones de euros recibidos de CVC. El tribunal considera que no existen pruebas ni indicios suficientes de que se haya cometido un delito en la gestión de esos fondos
La Justicia ha archivado la querella presentada por Calambur, encabezada por Enrique Pina, contra el Consejo de Administración del Cádiz CF por la gestión de 7,03 millones de euros procedentes del fondo CVC. El Tribunal de Instancia de Cádiz considera que no existen indicios suficientes para determinar que los hechos denunciados puedan ser delito.
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cádiz ha decidido archivar la causa abierta en 2024 tras la querella presentada contra los responsables del Cádiz CF. Esto significa que el procedimiento queda cerrado y no seguirá adelante por la vía penal.
La investigación se centraba principalmente en el destino de 7.032.000 euros correspondientes a la primera entrega recibida por el Cádiz del fondo de inversión CVC y en cómo apareció ese dinero reflejado en las cuentas del club.
¿En qué se gastó el dinero?
Durante la investigación se analizaron diferentes actuaciones relacionadas con el destino de esos fondos. Entre ellas estuvieron las inversiones vinculadas a Gades Sports Technology Industry FCRE, Sport City Cádiz, S.L., el proyecto Sportech y los terrenos de Delphi.
Tras estudiar los hechos, la magistrada-juez considera que no hay elementos suficientes para atribuir relevancia penal a las actuaciones analizadas. Además, entiende que la querella no concreta hechos que permitan demostrar que se hayan cometido los delitos denunciados. La resolución judicial considera que las acusaciones se quedan en «meras suposiciones indeterminadas, con un trasfondo ajeno a la verdadera finalidad de la Justicia Penal» y concluye que no existen indicios que justifiquen continuar con la investigación o iniciar un procedimiento penal.
La causa queda archivada
El tribunal también señala que, teniendo en cuenta la reforma del Código Penal realizada mediante la Ley Orgánica 1/2015, los hechos examinados no tienen la entidad jurídica necesaria para ser considerados delito. Por ello, acuerda el sobreseimiento libre de las actuaciones, de acuerdo con lo establecido en los artículos 641.1 y 779.1.1.a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). La decisión supone el cierre de la causa penal iniciada tras la querella de Calambur contra el Consejo de Administración del Cádiz.
El club gaditano ha recibido la resolución como un respaldo a su gestión y destaca que la Justicia confirma la «total legalidad y transparencia» de la actuación llevada a cabo por la entidad y su Consejo de Administración.
