Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha presidido la última Comisión Antiviolencia donde el grupo ultra bético y otro osasunista han sido incluidos en la nómina de colectivos radicales, lo que prohíbe que tanto Betis y Osasuna los apoyen o promocionen
El Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska llevó a cabo en el día de ayer la última reunión de la Comisión Antiviolencia de la temporada 2025/2026, que ha cerrado con un total de 2.056 propuestas de sanción, un 14% más que la temporada anterior, y en la misma se ha acordado prohibir la promoción o apoyo a dos grupos radicales, siendo uno de ellos Gol Sur 1907, vinculado al Betis, el otro es Sadar Bizirik, de Osasuna.
El Ministerio se apoya para tomar esta decisión en los informes policiales que acreditan la vinculación de algunos de sus miembros con los grupos ultras Indar Gorri y United Family, implicados en diversos episodios de violencia en los últimos años.
Ambos grupos se incorporan a una nómina de 20 colectivos radicales identificados en España como incumplidores de la ley, cuya promoción está expresamente prohibida y castigada con multas e, incluso, con el cierre de los estadios.
Grande-Marlaska aseguró que el Ministerio del Interior «defiende una política de tolerancia cero ante la violencia en el deporte». «No vamos a permitir que el odio campe a sus anchas por los estadios, no en nuestro fútbol. Y en esta batalla vamos con las mejores armas porque contamos con el compromiso firme y la preparación de nuestros agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil», añadió.
Antiviolencia pone especial persecución a los ultras
La mayoría de las propuestas corresponde a incidentes, insultos racistas, uso de material pirotécnico y otros comportamientos contrarios a la Ley contra la Violencia de 2007, según confirmó el ministerio del Interior, que detalló que hubo también 119 declaraciones de partidos de alto riesgo, un 59 % más que la temporada pasada.
Interior destacó que las cifras son las más altas de la serie histórica y que la mayoría de los incidentes se detectaron en partidos de fútbol de Primera, Segunda y Primera Federación, aunque se han tramitado expedientes en otras disciplinas como baloncesto, ciclismo o fútbol sala.
«No se trata únicamente de responder a las conductas contrarias a la ley, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte es un foro de debate, de responsabilidad e implicación, que se anticipa a las amenazas de la seguridad y propone constantemente medidas para prevenir incidentes», señaló Grande-Marlaska.
Antiviolencia ha puesto especial atención a la persecución de los grupos ultras y explicó que, según la información de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional, esta temporada se han solicitado más de 500 sanciones para radicales de clubes de fútbol, según destacó el ministerio. En los casos más graves, las multas ascienden a 60.000 euros y la prohibición de acceso a los estadios alcanza los tres años.
Se trabaja en la reforma de la ley
Igualmente, Antiviolencia presentó los resultados del grupo de trabajo para la reforma de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para reforzar la reforzar la prevención y sanción de la violencia, adaptándola a las nuevas formas de comportamiento.
Entre los principales cambios destaca la ampliación del objeto y ámbito de aplicación de la norma, extendiendo la cobertura legal no sólo a las competiciones deportivas, sino también a acontecimientos, desplazamientos, concentraciones de aficionados y otros espacios vinculados a ellas.
Incluye, además, la incorporación de la lucha contra el sexismo y la discriminación de género, ahonda en la persecución de los grupos radicales dentro y fuera de los estadios, regula las gradas de animación y recoge de forma expresa la actividad en entornos digitales y redes sociales cuando se fomente la violencia, la discriminación o la hostilidad.
